Mi primera propuesta sería la creación de un marco normativo que obligue a las empresas a establecer (por supuesto en colaboración de sindicalistas) mecanismos claros de reconversión laboral. Necesariamente implicaría la planificación y el seguimiento de programas de capacitación y reentrenamiento para aquellos empleados que se vean afectados por cambios en la industria, especialmente en sectores energéticos, y el Estado actuaría en calidad de garante para que estos acuerdos se implementen efectivamente, además de proporcionar recursos adicionales cuando sea necesario, de manera tal que se asegurare la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

La segunda propuesta es que se legisle para reducir la jornada laboral y fomentar el teletrabajo, especialmente en sectores energéticos. Esto permitiría a los empleados tener más tiempo para actividades de formación, cuidado familiar y descanso, al tiempo que se reducirían los desplazamientos y se promovería la sostenibilidad ambiental al disminuir la huella de carbono asociada con el transporte. Sería una buena política a implementar si el Estado apoya la implementación de esta modalidad mediante incentivos fiscales para las empresas empleadoras.