Hola compañeras y compañeros.

Las dos propuestas que para mí serían importantes a la hora de proteger el derecho al trabajo serían las siguientes.

En cuanto a la posible pérdida de empleos por el cambio en la matriz minero-energética, es algo que se puede solucionar. Aunque todo cambio tecnológico, a lo largo de la historia, implicó la transformación del trabajo y que ciertos trabajos dejaran de existir al ser reemplazados por procesos más eficientes, este cambio tecnológico no puede implicar la pérdida de empleos para las y los trabajadores colombianos. La reconversión y la diversificación son fundamentales para afrontar esos desafíos y deben ser garantizadas, principalmente, por el Estado y las empresas extractivistas. Reconvertir las capacidades laborales de las personas para asumir estos empleos verdes es algo que deben hacer las empresas del sector minero-energético, tanto las que se van por el cambio de matriz como las que se adaptan a estas nuevas formas ecosostenibles de producción energética. Esto debe ser apoyado y dirigido tanto por el Estado como por las organizaciones sociales y sindicales. Este apoyo se debe manifestar en políticas públicas que afecten diversos sectores, especialmente el educativo, generando carreras en materia ambiental y la modificación de otras, como la ingeniería en petróleos o la geología en el contexto minero. También es necesario alentar procesos de diversificación en otras ramas productivas diferentes a las del sector minero-energético, esto con el apoyo y financiamiento de las empresas extractivistas y del Estado.

En cuanto a la estabilidad en estos nuevos empleos y al beneficio de los trabajadores directos e indirectos, mi propuesta es el cooperativismo o la producción asociada. Las cooperativas, como formas jurídicas, se han prestado para muchas cosas turbias, como la tercerización. Sin embargo, la idea es utilizar esta forma jurídica pero asegurar que su contenido no sea que, asociadamente, se venda la fuerza de trabajo, sino que, asociadamente, se dirija el proceso productivo energético. La clase trabajadora debe tener prevalencia para el Estado en la creación de nuevas empresas autogestionadas, pues de nada sirve un cambio de matriz si no se cambia el contenido del proceso productivo. Si la energía sigue viéndose como mercancía y el trabajo sigue reproduciéndose bajo su forma subordinada y asalariada, las y los trabajadores nunca tendrán seguridad en sus empleos, pues estos procesos, aunque ecosostenibles, seguirán reproduciendo la ley fundamental en el capitalismo: el aumento de la tasa de ganancia sobre cualquier otro interés, incluyendo el de la vida.

La clase trabajadora ya es la que actualmente desgasta productivamente su cuerpo para la generación de energía; a su vez, es la que dirige científicamente estos procesos. Los empleadores en estos sectores, muchas veces, son simples inversionistas o multinacionales que lucran de la renta de su dinero y no de una participación activa y real en el proceso productivo. Esta tendencia del capital de delegar el trabajo en, valga la redundancia, la clase trabajadora, hace a esta última portadora de los atributos para dirigir científicamente el proceso productivo, convirtiendo a la clase capitalista en un factor parasitario y un obstáculo en el desarrollo de las potencias sociales del trabajo. Es por esto que mi propuesta para modificar no la redistribución de la riqueza sino el núcleo del proceso productivo en sí mismo es que el trabajo no sea subordinado y asalariado, sino libre y asociado. Que sean los productores directos quienes dirijan los nuevos procesos minero-energéticos en las empresas estatales. La participación privada, entendida como la participación de capitales, es necesaria para la transferencia tecnológica y financiera, pero debe ser regulada y subordinada a la participación estatal; no entendiendo al Estado como un empleador o capitalista colectivo, sino entendiendo lo público como autogestionado por la clase que produce al mundo: las y los trabajadores.