Reply To: Foro de participación módulo 2

[Luis Eduardo Alean Castrillón]

Luis Eduardo Alean Castrillón

Organización: Sintracarbón

Cordial saludo para todos.

En respuesta a las preguntas que plantea este foro y en línea con la información encontrada en el módulo 2 de este diplomado, se podría concluir que:

Una hoja de ruta para la transición justa es un documento que establece los objetivos, las estrategias, los programas y los proyectos para lograr una transformación del sector energético hacia fuentes más limpias, eficientes y sostenibles, garantizando al mismo tiempo el bienestar social, económico y ambiental de las comunidades afectadas por el cambio. El objetivo principal de esta es el de orientar las acciones del gobierno, el sector privado, la academia, la sociedad civil y la cooperación internacional para avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, respetando los derechos humanos y la equidad.

El diseño de la hoja de ruta para la transición justa debe ser un proceso participativo y democrático que involucre a todos los actores relevantes, como son:

· Los trabajadores y las trabajadoras del sector de los combustibles fósiles, que son los más afectados por la transición energética, y sus organizaciones sindicales, que pueden defender sus derechos laborales y sociales.

· Las comunidades locales y regionales que dependen de la actividad extractiva o que se ven afectadas por sus impactos ambientales y sociales, especialmente los grupos vulnerables, las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas, que pueden aportar sus conocimientos, necesidades y propuestas.

· El sector privado, que incluye a las empresas productoras y consumidoras de energía, así como a las que ofrecen soluciones innovadoras y sostenibles para la transición energética, que pueden contribuir con su experiencia, recursos e inversiones.

· El sector público, que abarca a los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como a las entidades reguladoras y de planificación, que pueden establecer las políticas, los marcos legales y los incentivos para facilitar y orientar la transición energética.

· La academia, que comprende a las universidades, los centros de investigación y los expertos, que pueden generar y difundir conocimiento científico y técnico sobre la transición energética y sus implicaciones.

· La sociedad civil, que engloba a las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los movimientos sociales y los ciudadanos, que pueden ejercer su derecho a la información, la participación y el control social sobre la transición energética.

· La cooperación internacional, que reúne a los organismos multilaterales, las agencias de cooperación, las redes y las alianzas, que pueden brindar apoyo financiero, técnico y político para la transición energética. La participación de estos actores es clave para garantizar que la transición energética sea justa, inclusiva y sostenible, y que responda a las necesidades y expectativas de la sociedad.

En el caso del departamento de la Guajira, que depende en gran parte de la explotación del carbón, deberían seguirse lo ejemplos de las medidas que han tomado algunos países para proteger a los trabajadores y las comunidades, que serían los principales afectados por la transición. Algunos de los países que han tomado medidas para proteger los derechos laborales los sectores de los combustibles fósiles en la transición energética son:

España, que aprobó en 2020 el Plan de Transición Justa, que busca acompañar y apoyar a los trabajadores, las empresas y las regiones afectadas por el cierre de las centrales térmicas de carbón. El plan incluye medidas de formación, recolocación, emprendimiento, desarrollo local y protección social.

Canadá, que creó en 2019 la Task Force on Just Transition for Canadian Coal Power Workers and Communities, que elaboró un informe con 10 recomendaciones para facilitar la transición de los trabajadores y las comunidades del sector del carbón hacia una economía baja en carbono. El informe propone medidas de apoyo al empleo, la educación, la salud, la infraestructura y la diversificación económica.

Alemania, que estableció en 2018 la Comisión para el Crecimiento, el Cambio Estructural y el Empleo, que acordó un plan para el abandono progresivo del carbón para 2038. El plan contempla una inversión de 40.000 millones de euros para las regiones mineras, así como medidas de compensación, jubilación anticipada y reconversión profesional para los trabajadores del sector.

Es necesario que, dentro del marco normativo colombiano para la transición energética justa, se establezcan mecanismos similares a corto, mediano y largo plazo, que garanticen el desarrollo económico y social de este departamento.