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La necesidad de la construcción de una hoja de ruta para la transición justa radica en que permite construir los objetivos y pasos a seguir de acuerdo con las especificidades de cada país y región. Como plan estratégico debe abordar todas las prioridades para transitar de manera justa a energías renovables, pero, no solamente puede verse como un plan técnico para una transición tecnológica sino como un plan político para un cambio sustancial. Haciendo hincapié en la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por las formas extractivas para que estas nuevas formas sostenibles no sean impuestas desde arriba e impliquen también una vulneración a la participación y control autónomo del territorio.
Esta hoja debe contener un diagnóstico real con enfoque territorial, estableciendo objetivos plausibles y viables según las condiciones materiales, para así poder desarrollar una planeación que no vulnere a las comunidades y que esté en constante diálogo con ellas.
Es fundamental que quienes han sido afectados toda la vida por las formas extractivas sean los principales protagonistas de la creación de una hoja de ruta. Las mujeres, campesinos, indígenas y demás actores políticos en los territorios son quienes deben llevar la batuta tanto en el diagnóstico, pues nadie mejor que ellos para saber cuáles son sus necesidades y sus realidades, como en el seguimiento e implementación respetuosa de los DDHH.
La hoja debe incluir a todos los actores responsables para la transición, incluyendo al gobierno, los sectores públicos y privados, las y los trabajadores que verán afectados sus puestos de trabajo, las organizaciones sociales que llevan procesos comunitarios de defensa del territorio y la academia.