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Los 8 enfoques para una transición justa propuestos por el Centro de Innovación e Investigación para la Transición Minero Energética Justa (CIPAME) son:
1. Enfoque de Obligaciones del Estado
2. Enfoque de Responsabilidad
3. Enfoque Científico
4. Enfoque Laboral
5. Enfoque Diferencial y de Género
6. Enfoque Territorial y Comunitario
7. Enfoque Educativo
8. Enfoque de participación democrática
Ahora bien, profundizando en el enfoque de Obligaciones del Estado:
El enfoque de Obligaciones del Estado en la transición minero-energética se centra en el papel fundamental que el Estado debe asumir para garantizar una transición justa y equitativa en este sector. Esto implica que el Estado tiene responsabilidades clave para asegurar que la transición se lleve a cabo de manera adecuada y que los impactos negativos sean mitigados de manera efectiva.
En primer lugar, el Estado debe promover activamente la adopción de tecnologías limpias y sostenibles, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y minimizar los impactos ambientales asociados con la generación de energía. Además, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos laborales y sociales de los trabajadores afectados por la transición, así como de garantizar la participación y consulta de las comunidades en las decisiones que les afectan directamente. Esto implica establecer medidas de apoyo, como programas de reconversión laboral y capacitación, así como proyectos de desarrollo económico y social en las comunidades impactadas.
Por tanto, El Estado también debe establecer marcos regulatorios sólidos para la actividad minero-energética, así como mecanismos eficaces de supervisión y control para garantizar el cumplimiento de las normativas y estándares ambientales y laborales. Siendo fundamental que el Estado promueva la transparencia en los procesos de toma de decisiones y la rendición de cuentas de las instituciones involucradas en la transición, garantizando así la participación ciudadana y la fiscalización de la gestión pública.
Por esto, el enfoque de Obligaciones del Estado tiene un papel activo en la promoción de una transición justa y sostenible en el sector minero-energético, destacando su responsabilidad en la protección de los derechos humanos, laborales y ambientales en este proceso. Asimismo, desde una perspectiva social, el Estado es el encargado de garantizar la participación efectiva de las comunidades y trabajadores en todas las etapas de la transición, asegurando que se escuchen y respeten sus voces y necesidades. Además, de respaldar por una mayor atención a las dimensiones sociales y culturales de la transición, buscando mitigar las desigualdades y garantizar la inclusión de los grupos más vulnerables en el proceso de cambio hacia una economía más sostenible y soberanía de los territorios.