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Renuncia de los títulos mineros.
La renuncia de títulos mineros de Prodeco es un tema que ha generado controversia en el sector minero y ambiental de Colombia. Esta empresa que explotaba carbón en el departamento del Cesar, y que pertenece al grupo Glencore, uno de los mayores productores y comercializadores de materias primas del mundo, y propietaria en su totalidad tambíen de la mina del Cerrejón en el departamento de la Guajira, dejó consecuencias desastrozas. Según la empresa, la decisión de renunciar a sus títulos mineros se debe a que el reinicio de las operaciones no era económicamente viable, debido a las bajas expectativas de precios en los mercados objetivo, sin embargo los precios del carbón presentarón valores máximos en la reactivación económica post pandemia. El proceso de devolución de sus títulos a la República de Colombia a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) inició el 4 de febrero de 2021, según esta las minas permanecerán en cuidado y mantenimiento hasta que el proceso formal se haya surtido. Pero entorno a ese proceso, hay muchas observaciones correspondientes a la operación integrada de la mina La Jagua y su cierre, argumentando que la empresa no ha cumplido con sus obligaciones ambientales, sociales y económicas. La ANM ha señalado que Prodeco debe responder por los pasivos ambientales y sociales que ha generado en la región. También ha generado reacciones de las comunidades locales, los trabajadores, los sindicatos, las autoridades ambientales y los sectores políticos. Algunos han expresado su preocupación por el impacto socioeconómico y ambiental que tendrá el cierre de las operaciones de la mina, y han solicitado al gobierno nacional que intervenga para garantizar la protección de los derechos de los afectados. Otros han cuestionado la responsabilidad social y ambiental de la empresa, y han exigido que la esta cumpla con sus compromisos y repare los daños causados al territorio y a las comunidades. Es de suma importancia aprender de las lecciones del caso Prodeco, para que los impactos negativos generados por el cierre anticipado de su actividad no se repitan en el departamento de la Guajira, cuyo cierre está programado para el año 2034 y en donde la minería es el principal renglon de la economía.
