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Para una transición energética justa, lo fundamental es declarar la política pública de protección a Moradores para este fenómeno transicional que afectará de manera directa a los trabajadores. En primer plano se debe cubrir, blindar y proteger los derechos de la fuerza laboral, para quienes se les debe proteger sus derechos, ya que han sido los responsables directos de mantener de manera continua la seguridad energética del país para el beneficio de todos.
El sector de los hidrocarburos, minero energético y eléctrico debe subsidiar los costos de reinserción, cambio, actualización y reintegración de la fuerza laboral que sufrirá todo este sector. Igualmente, las nuevas tecnologías para la generación de energías renovables y sistemas de optimización de energía del lado de la demanda, sean contribuyentes a patrocinar la remuneración justa que impactará la fuerza laboral.