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Buenos días, espero se encuentren bien.
En este espacio, deseo dirigir la atención hacia un tema de relevancia crítica dentro del caso Glencore-Prodeco, esto es el derecho de las comunidades:
Resulta evidente que las comunidades fueron afectadas con el proyecto durante la explotación y extracción del mineral por la contaminación que generaba esta empresa en materia de aire, agua, flora y desplazamiento de fauna, pero también con la entrega de los títulos mineros. Estas comunidades, de cierta forma, ya estaban adaptadas a la economía de explotación del carbón y tenían derecho a participar en el plan de cierre o entrega de títulos para prever el impacto que trae consigo el cese de explotación de carbón.
Desde mi perspectiva, la entrega de títulos es a toda vista una acción vulnerante que el mismo estado debió reprochar y condenar para proteger no sólo los derechos de las comunidades si no también los derechos de los miles de trabajadores que allí laboraban. Incluso para proteger su propia soberanía como estado, pues permitir esta entrega de la forma en que lo hizo PRODECO es un desconocimiento al ordenamiento jurídico del estado colombiano que debe ser respetado por las multinacionales.
Sin lugar a dudas, las comunidades debieron ser consultadas y se les debió garantizar su participación en una decisión tan importante. De allí, la importancia de usar este caso para analizarlo y extraer lo que a todas luces hace falta: la implementación de medidas regulatorias más sólidas y transparentes, así como la promoción de una participación significativa de las comunidades en los procesos de toma de decisiones que las afectan directamente. Es urgente de abordar de manera integral las problemáticas que rodean a la industria extractiva en Colombia, pues solo a través del respeto de los derechos de las comunidades locales y la promoción de prácticas empresariales responsables se puede garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en el país.