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Entiendo que en el documento principal se hace mención de la necesidad de un fondo, desde mi perspectiva, este fondo debería estar dirigido a salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores afectados por la transición de la industria minera y energética. Su propósito sería garantizar que estos trabajadores no se vean desprotegidos durante el cierre de empresas y los consiguientes despidos. Los recursos de este fondo se destinarían a ofrecer compensaciones a los trabajadores despedidos, facilitar programas de recolocación laboral, brindar formación profesional, extender subsidios de desempleo y ofrecer apoyo para la creación de pequeñas empresas y proyectos empresariales, con el fin de prevenir situaciones de desempleo masivo y precarización laboral. Este fondo podría ser financiado por las propias empresas del sector como parte de su responsabilidad social corporativa, asegurando así una distribución equitativa de los costos asociados con la transición.
Además, considero que debería implementarse una política o programa centrado en el empleo verde para generar oportunidades laborales en actividades relacionadas con la economía sostenible y la adopción de energías renovables. Su financiación podría provenir de fondos públicos y colaboraciones con el sector privado. Este programa se enfocaría en la creación de empleos en áreas como la instalación y mantenimiento de infraestructuras de energía renovable, la restauración de ecosistemas degradados, la gestión de residuos y la promoción de la eficiencia energética. De esta manera, no solo se impulsaría la generación de empleo, sino también se contribuiría a mitigar el cambio climático y proteger el medio ambiente.
Identifico que uno de los principales desafíos radica en garantizar la protección laboral de los trabajadores contratados indirectamente, como los subcontratados o tercerizados, durante la transición de la industria minero-energética. Por lo tanto, considero que la vía legislativa es crucial para asegurar que estos trabajadores reciban los mismos derechos y protecciones que los trabajadores directos. Esto podría incluir la implementación de regulaciones que limiten la subcontratación abusiva y establezcan responsabilidades claras para las empresas contratantes en relación con las condiciones laborales de todos los trabajadores en su cadena de suministro. Asimismo, se debería fomentar el diálogo y la negociación colectiva entre los trabajadores contratados indirectamente, los sindicatos y las empresas contratantes para abordar las preocupaciones laborales y garantizar condiciones de trabajo justas y estables. Esto podría implicar la negociación de acuerdos laborales específicos para los trabajadores subcontratados y su participación en la toma de decisiones relacionadas con su empleo y condiciones laborales.